Acceso a la Justicia: Agua Potable y Saneamiento como Derechos Humanos
Aug 20, 2009
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El sistema jurídico argentino garantiza una amplia gama de derechos económicos, sociales y culturales (ESC). El derecho a un medio ambiente sano está garantizado en la propia Constitución, mientras que los derechos a la salud, un nivel de vida adecuado, y la alimentación tienen rango constitucional, porque los instrumentos internacionales que los proveen se han incorporado a la Constitución argentina. A la luz de este marco jurídico y la apremiante necesidad de que el Estado perciba el problema del acceso al agua potable, CEDHA decidió comenzar a litigar en casos que hicieran frente a las diversas dimensiones del problema en la ciudad de Córdoba. La iniciativa se centró en torno a la falta de acceso al agua potable en tres barrios pobres de la ciudad de Córdoba, Argentina, que no fueron conectados a la red pública de distribución de agua, y cuyos aljibes domésticos son pozos de agua subterránea muy contaminada con materia fecal, nitratos y nitritos.

En octubre de 2004 el caso “Marchicio José Bautista y otros c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba y otros - recuso de amparo” fue resuelto en primera instancia por el Tribunal Civil y Comercial de la 8 ª Nominación. Haciendo lugar al planteo de las organizaciones no gubernamentales (CEDHA) y los miembros de la comunidad afectada, el juez dictaminó que el Estado era responsable de violar los derechos a un ambiente sano, a un nivel adecuado de vida, a acceder al agua potable, y a la salud. El Tribunal reconoció el derecho humano al agua potable, implícito en el derecho a la salud. La Corte también ha reconocido la inmediatez con que el Estado debe ocuparse de la situación ambiental, y que esa inmediatez implica la obligación de adoptar medidas urgentes con el fin de evitar daños irreversibles al ecosistema y en consecuencia a las personas que habitan en el ambiente de que se trate.

El Tribunal ordenó a la Municipalidad de Córdoba adoptar todas las medidas necesarias para el funcionamiento de la instalación, con el fin de minimizar el impacto ambiental causado por ella, hasta una solución definitiva se puede alcanzar con respecto a su funcionamiento, y al Estado Provincial garantizar a los demandantes una disposición de 200 litros diarios de agua potable, hasta que las obras públicas se llevaran a cabo para garantizar el pleno acceso a los servicios públicos de agua.

El Municipio se comprometió a proporcionar las conexiones de tuberías necesarias para las viviendas. El sistema de agua, que debía estar terminado para marzo de 2005, comenzó a funcionar correctamente a principios de 2008. En cuanto a las tareas de saneamiento, en 2007 la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento resolvió crear la Comisión de Concertación Ad Hoc, un espacio de participación cuya función era llevar adelante un permanente control de las actividades relacionadas a la mitigación de los efectos del volcamiento en crudo al Río Suquía y la marcha de ejecución de la reestructuración de la planta, para hacer cesar la contaminación. Contando con la participación de miembros de los diversos sectores involucrados, la comisión se disolvió en 2008 luego de que los vecinos se retiraran de la misma por las múltiples desavenencias ocurridas en su seno.

Las autoridades municipales aún no han presentado un adecuado plan de mitigación, acorde a las características del caso. Con motivo de ello en septiembre de 2008 se reclamó ante la Cámara el incumplimiento de la sentencia.

Completando el cuadro, sobre el final del 2008 se detectaron nuevos volcamientos de residuos cloacales al Suquía, provenientes de la planta de tratamiento de la ciudad, hecho que motivó una denuncia penal que recayó en la fiscalía federal del Dr. Vidal Lazcano, quien tras realizar una inspección ocular en la planta depuradora requirió un estudio de impacto ambiental al Laboratorio de Microbiología Agrícola de la Universidad Nacional de Córdoba. El estudio concluyó que en la planta se vienen realizando vertidos de elementos contaminantes en el Suquía, producto de líquidos tratados de manera inadecuada y por la existencia de una sangría que permite el arrojo del líquido crudo en el cauce del río. Finalmente el fiscal decidió imputar al director de Redes Sanitarias de la Municipalidad de Córdoba, por la contaminación que produce la planta.

La Coalición Argentina se encuentra actualmente evaluando los resultados de este proceso, en donde la Cámara se instituyó garante de los Derechos Humanos de los habitantes de los vecindarios afectados, constituyendo el reconocimiento al derecho humano al agua un importante antecedente en la materia. Las características del caso han llevado a que el mismo se esté siendo analizado por la Experta Independiente de UN sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento, Catarina Albuquerque.

Laura Ruth Giménez

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