El acceso a la información pública, un derecho de la sociedad
Oct 15, 2009
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La libertad de información aparece en la democracia participativa dando sentido al ejercicio mismo de la ciudadanía: la eficiencia en la participación ciudadana está condicionada a la información con la que se cuente.

CORDOBA, 5 de Octubre de 2009, - El 28 de setiembre de 2002 organizaciones de diversos países, abocadas al acceso a la información se reunían en Sofía (Bulgaria) y crearon una red de Defensores de la Libertad de Información. Foia Network –sigla por su nombre en inglés Freedom of Information Advocates– acordaba principios de cooperación en la promoción del derecho de acceso a la información y las buenas políticas de gobierno, apertura y transparencia. En ese marco, se propuso que el 28 de setiembre se instituyera como el día internacional del “Derecho a Saber”, en orden a concentrar los esfuerzos de los activistas para promover sociedades abiertas y democráticas, en las que haya pleno compromiso de la ciudadanía y amplia participación en el gobierno.

La información puede cambiar nuestro entorno, tanto como el modo en que nos movemos en él a través de nuestra interpretación del mismo. El acceso aparece intrínsecamente ligado a la libertad de expresión, mas no debe perderse de vista la incidencia del acceso a la información respecto de otros derechos humanos como el derecho a la participación política de la ciudadanía, y la repercusión de éstos en el derecho humano a una vida productiva y saludable.

La libertad de información aparece en la democracia participativa dando sentido al ejercicio mismo de la ciudadanía: la eficiencia en la participación ciudadana está condicionada a la información con la que se cuente. La desinformación y la información inexacta afectan sustancialmente las posibilidades de los ciudadanos, al involucrarse en la formulación de políticas sociales y en los procesos de toma de decisiones de los gobiernos.

Mayor transparencia. La libertad de información promueve directamente una mayor transparencia, incidiendo en la lucha contra la corrupción: aumenta la capacidad de rendición de cuentas; fortalece las capacidades de monitoreo de la sociedad civil y fortalece los sistemas democráticos participativos.

Vemos en el acceso una doble funcionalidad: por un lado respecto al Estado en sí mismo, haciéndolo más transparente, concretando el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno. Por el otro lado, respecto a la comunidad, a la que fortalece ampliando las posibilidades reales de participación. Así, la información comprende no sólo los actos de gobierno, sino también la información en relación a actividades que incumben a los integrantes de la comunidad y que están en manos del Estado.

Según la red Foia, actualmente, al menos 90 países y territorios del mundo cuentan con leyes que garantizan a sus habitantes el derecho a solicitar información a los organismos públicos. Entre éstas se cuentan las recientemente sancionadas leyes de Bangladesh, Chile, Uruguay, Guatemala, Islas Caimán e Islas Cook.

La situación argentina. A nivel nacional existe desde hace años una deuda legislativa, ya que no se ha sancionado una normativa general de acceso a la información pública. Si bien contamos con normas, son limitadas en su alcance, como el decreto nacional 1.172/2003 y la ley 25.831 de régimen de libre acceso a la información pública ambiental. Asimismo, en Córdoba, como en otras provincias, se dictaron normas específicas pro acceso a la información pública.

Entiéndase que aún si nuestros gobiernos resultaran en modelos de transparencia a través de publicaciones periódicas en los medios informáticos, ello no equivaldría al conocimiento alguno del ciudadano, en tanto éste carezca de los medios para acceder a la mentada información. El efectivo acceso a conexión a redes o al conocimiento mínimo requerido para el uso de nuevas tecnologías, sólo profundiza la separación entre países en desarrollo y desarrollados, adicionándose razones para su marginación.

Es importante en este sentido recordar que además de la legislación interna de cada Estado, existen otras herramientas de acceso a la información: las normativas internas que la mayoría de las instituciones financieras internacionales tienen en la actualidad. En esta categoría se pueden nombrar la política de disponibilidad de información del Banco Interamericano de Desarrollo, o la del Banco Mundial, sólo por nombrar algunos.

Apelando a este tipo de normativa de las instituciones financieras internacionales, es posible acceder a los montos de los créditos otorgados al Estado, al análisis del impacto ambiental de las iniciativas a desarrollar, los plazos previstos para las ejecuciones y otros datos que muchas veces son de muy difícil acceso en la administración pública. Esta información puede ser muy importante tanto para las comunidades involucradas para participar en las decisiones finales, como para la sociedad civil en general para potenciar su rol de monitoreo y seguimiento de las acciones y decisiones públicas.

The Access Initiative (TAI) o Iniciativa de Acceso, es una coalición global formada por más de 150 organizaciones de la sociedad civil que buscan promover los denominados principios de acceso (acceso a la información, a la participación pública y a la justicia) en la toma de decisiones a nivel nacional en materia ambiental. Los miembros de TAI se organizan en coaliciones nacionales que evalúan de manera independiente el progreso de sus respectivos gobiernos en el cumplimiento de lo pactado en el Principio 10 de la Cumbre de Río en 1992.

En mayo de este año se formó la Coalición Argentina, integrada por la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas (Oajnu), el Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (Foco) y el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha), organización que coordina la Coalición. La evaluación TAI se desarrolla en nuestro país, partiendo de casos de estudio en los que se vieron involucrados los principios del acceso en cuestión, analizándolos además desde los enfoques sustantivos “pobreza” y “agua”.

El objetivo de la evaluación es obtener un diagnóstico del estado de los principios de acceso en materia ambiental en el país, para luego poder desarrollar estrategias de incidencia efectivas, abogando por la realización de reformas y comprometiendo a los gobiernos a llevar adelante los cambios necesarios. A través de esa evaluación y la generación de recomendaciones específicas, se busca que en Argentina se efectivice el derecho de participar en los procesos de toma de decisión en asuntos ambientales.

Por Laura Ruth Giménez - CEDHA http://www.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=556564

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