El Consejo Rector de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), organismo presidido por la Defensora del Pueblo en el Perú, Beatriz Merino, emitió un pronunciamiento de respaldo a la Defensoría del Pueblo en Paraguay.

En dicho pronunciamiento se pone de relieve que “la Defensoría del Pueblo del Paraguay ha intervenido ante el Poder Judicial de dicho país mediante un proceso constitucional que se encuentra pendiente de solución en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, en vista de la arbitraria negativa de la Municipalidad de San Lorenzo (Paraguay) respecto de entregar información pública al ciudadano Daniel Vargas Téllez”.

Este caso es el primero que resolverá la Corte Suprema de Justicia en materia de acceso a la información pública y ya ha despertado el interés de todo el continente americano. En efecto, a fines de febrero de este año, el Open Society Institute – Justice Initiative OSI-JI y organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información se presentaron como Amici Curiae (Amigos del Tribunal) abogando por una resolución del caso que respete los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el célebre caso “Claude Reyes vs. Chile” (sentencia del 19 de septiembre de 2006).

El pronunciamiento de la FIO finaliza con la siguiente exhortación: “Con el ánimo de colaborar en el fortalecimiento del Estado de Derecho en que se constituye la República del Paraguay, la FIO exhorta al Estado paraguayo a que, de acuerdo con las normas antes mencionadas y en virtud de la aplicación general, directa e inmediata de la jurisprudencia de la Corte IDH, garantice a todos sus ciudadanos y ciudadanas el goce y ejercicio del derecho de acceso a la información pública, para lo cual sugiere la conveniencia de promover e impulsar un texto legal que desarrolle la aplicación real de este derecho fundamental”.