Andrea Sanhueza en InduAmbiente, Chile
Feb 28, 2012
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Andrea Sanhueza, coordinadora de Iniciativa de Acceso

En unos meses más se realzará en Río De Janeiro la 4ª versión de la Cumbre de la Tierra. Por ello, Andrea Sanhueza de Participa y una de las coordinadoras de la Comunidad de las Democracias e Iniciativa de Acceso, fue entrevistada por el principal medio de comunicación ambiental en Chile, Revista InduAmbiente, para conversar sobre la posición de Chile en esta materia.

La Cumbre de la Tierra se refiere al compromiso de asegurar y facilitar el acceso de la información, participación ciudadana y justicia en temas ambientales. Tres puntos fundamentales en los que Chile ha avanzado.

Durante el 2008 se promulgó la Ley Nº 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, que obliga a las autoridades a cumplir plazos para entregar información requerida por los ciudadanos.

Además, se creó un órgano autónomo como el Consejo para la Trasparencia con la facultad de exigir a los servicios públicos entregar información cuando ésta ha sido denegada y poder sancionar si no se cumple lo estipulado.

En materia ambiental, está el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que plantea que las empresas deben entregar información sobre sus proyectos en un plazo de 60 días como establece la ley. Sin embargo, éstas son la que dificultan el proceso, entregando material poco entendible y en grandes volúmenes, lo que hace casi imposible el buen entendimiento.

Por ello, se efectuó modificaciones al Reglamento del SEIA que permite que esta entrega sea a través de mecanismos que se adapten a las características socioculturales de cada comunidad. Pero lamentablemente son pocos o nulos los esfuerzos de las empresas en lograr este cambio.

Sin embargo, la gente ha aprendido a manifestarse y exigiendo lo que por ley es derecho. Ante este cambio, es que el gobierno creó las consultas públicas. Consultas ciudadanas online que no llegan a la mayoría de las personas y dificultan el poder acceder a la información.

En cuanto a la Participación Ciudadana, gracias a la Ley 20.417 relativa a la Evaluación Ambiental y en la que se basa la reforma de la Institucionalidad Ambiental, las declaraciones con carga ambiental, tendrán un período de participación ciudadana. Una tarea difícil de realizar, puesto que se exige un mínimo de diez personas o dos organizaciones con personalidad jurídica para poder solicitarla.

Acá, los avances han sido pocos y con importantes limitaciones como el no saber si las observaciones realizadas por la ciudadanía son consideradas.

Por último, y haciendo referencia a la Justicia Ambiental, aún se tramita el proyecto de ley sobre creación de tribunales ambientales, siendo este un enorme esfuerzo para Chile, ya que se tendría que formar y capacitar a jueces en derecho ambiental, pues la existencia de estos es mínima.

La puesta en marcha de la Superintendencia del Medio Ambiente es un avance fundamental para este punto, ya que que acoge las denuncias y permite elevar las sanciones a quienes no cumplen con la ley.

Si bien Chile ha tenido cambios sustanciales en estos tres aspectos, aún hay mucho por hacer. Sin embargo, gracias a estos pequeños cambios en materia ambiental, es que el país se presenta ante la Cumbre en una posición en la que busca asegurar el acceso de información como derecho, creando instancias de participación para la toma de decisiones y justicia ambiental.

Leer entrevista: http://www.induambiente.com/programa2/

Revisar páginas 98, 99, 100 y 101.

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