Documento con insumos de sociedad civil para Río+20 entregado al Ministerio de Patrimonio y al PNUD
May 31, 2012

“Propuestas de la sociedad civil hacia Río+20” se tituló el documento que fue entregado formalmente, a día seguido, a autoridades del Ministerio Coordinador de Patrimonio Cultural y Natural (MCPCN), y a Rebeca Grynspan, secretaria general adjunta de Naciones Unidas y administradora adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El documento es producto de la Iniciativa “Articulando una visión de país: una propuesta de trabajo conjunto hacia Río+20 como un aporte de Ecuador para la región”, llevada a cabo por el Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental, CEDA, y la Fundación Futuro Latinoamericano, FFLA.

En reuniones distendidas y con formato de conversaciones informales, Gabriela Muñoz, por el CEDA y Marianela Curi, por la FFLA explicaron el proceso y el contenido del documento de insumos de la sociedad civil del Ecuador para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible denominada Río+20.

A la segunda reunión del miércoles 30 de mayo, organizada por el PNUD, en un hotel de Quito, asistieron representantes de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente, Cedenma, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA; la Red de Bosques, la UICN, el Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social, CERES; Ecociencia y la academia, y se convirtió en un espacio de información sobre el estado de las negociaciones.

El día anterior, en la sala de reuniones del despacho de la Ministra, participaron varios representantes de las organizaciones coconvocantes del proceso de construcción colaborativa y participativa del documento: CERES, Cedenma, el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible del Ecuador, Cemdes; la Red GeoEcuador; el comité ecuatoriano de la UICN; el Grupo Social FEPP; la COICA; la Flacso; la Red Pacto Global Ecuador, la Corpei, y el Sector de Conservación, Educación y Ciencia de Galápagos.

Tarcisio Granizo, subsecretario de Políticas del MCPNC, y Helga Serrano, asesora y miembro del equipo de negociación para Río+20, atendieron la reunión debido a la ausencia de la ministra coordinadora de Patrimonio, María Fernanda Espinosa, que tuvo que asistir a un gabinete de gobierno en Guayaquil.

Gabriela Muñoz, directora ejecutiva del CEDA, expuso la metodología y el camino recorrido para construir la propuesta, haciendo énfasis en que se cumplió gracias únicamente a la voluntad y el interés puesto por los coconvocantes, ya que no se disponía de recursos específicos para la iniciativa.

Agregó también que era necesario destacar que en el proceso llevado a cabo no solo se identificaron coincidencias con la posición oficial, sino que se revelaron una serie de temas pendientes que forman parte de una agenda de trabajo a futuro sobre los más relevantes temas del desarrollo sustentable en el Ecuador, y la manera de concretarlos más allá de la reunión máxima de Río+20.

Por otro lado, destacó que la posibilidad de lograr en la conferencia mundial una declaración universal de los derechos de la naturaleza era la más importante propuesta del sector gubernamental con la que coincide la sociedad civil, ya que lo considera un gran avance para que todo el planeta inicie la discusión de un camino alternativo.

Como afirmó Marianela Curi, directora de Gestión Técnica de la FFLA, el documento se sustenta en los insumos recogidos por sector el privado y las organizaciones no gubernamentales en distintos talleres de trabajo, para llevar adelante un trabajo conjunto, desde sus experiencias concretas y sus visiones institucionales, orientado a establecer las oportunidades y desafíos del contexto actual, y a desarrollar insumos para la posición y propuesta del Ecuador hacia Río+20.

Durante su intervención, Marianela manifestó que para los distintos sectores de la sociedad civil, Río +20 se presenta como una oportunidad para llevar al espacio regional e internacional, propuestas innovadoras del Ecuador para transitar hacia otros paradigmas de bienestar humano en armonía con la naturaleza, así como, nuevas formas de concebir los sistemas económico y financiero y modificar los patrones de producción y consumo insostenibles, en el entendido de qué sólo así se atacarán las causas estructurales de la crisis sistémica actual.

Según afirmó, muchas de las propuestas que se presentan son absolutamente compatibles con las propuestas identificadas y construidas desde el sector gubernamental hacia Río+ 20; lo que evidencia la existencia de temas y prioridades comunes entre sociedad civil y Estado y la necesidad de seguir articulando espacios de discusión y construcción de propuestas de forma participativa y multisectorial para transitar juntos hacia un nuevo paradigma.

El documento (Descargar documento de propuestas de la Sociedad Civil) recoge propuestas concretas vinculadas a los dos temas centrales de la Conferencia de Río+20: economía verde y marco institucional.

En lo referente a la Economía Verde, se plantea la necesidad de un cambio de los patrones de producción y consumo, como condición esencial para atacar las causas estructurales de la crisis actual. El Buen Vivir como alternativa al modelo de desarrollo actual; el planteamiento de los derechos de la naturaleza y los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas; la difusión de la iniciativa Yasuní ITT y el concepto de Emisiones Netas Evitadas como propuestas innovadoras a nivel mundial para combatir el cambio climático, proteger y respetar la diversidad biológica y cultural; la necesidad de lograr acuerdos sobre un cambio de la matriz energética a escala global; la necesidad de incorporar mecanismos de valoración de los servicios ambientales y ecosistémicos como una herramienta de desarrollo sostenible; e impulsar la agricultura ambientalmente sustentable, social y solidaria, respetuosa con la naturaleza, y que valorare el conocimiento tradicional y la riqueza de la agrobiodiversidad.

Asímismo se recomienda que Ecuador se sume a la iniciativa de Colombia y Guatemala, apoyando la construcción de objetivos de desarrollo sostenible con indicadores concretos, claros y viables como herramienta para evaluar el nivel de avance hacia el desarrollo sostenible. Se hace un énfasis también en la necesidad de la ratificación de la Declaración de Principios de Río 92, con énfasis en los principios de precaución, de responsabilidades compartidas pero diferenciadas, en el principio 10 de acceso a la información, en el principio de quien contamina paga.

Con relación al nuevo marco institucional y a la participación ciudadana en la adopción de decisiones, se plantea que el marco institucional global para el Desarrollo Sostenible debe ser entendido como un sistema de gobernanza que se construye y articula desde lo local, nacional, regional y que se traduce en un mecanismo global dentro del sistema de Naciones Unidas, pero que recoge el proceso de abajo hacia arriba, proceso que debe contar con la participación activa de todos los sectores de la sociedad; una convención global, sobre el Principio 10 puede ser una alternativa válida para fortalecer el ejercicio de los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental en los niveles nacional y local. Además, se sugiere que los países se comprometan a cumplir con los mecanismos de rendición de cuentas existentes para asegurar el cumplimiento y seguimiento de los acuerdos asumidos en Río+20; otra recomendación está vinculada a la necesidad de generar alianzas entre los sectores público, privado y sociedad civil, para trabajar en objetivos comunes del desarrollo sostenible.

Por otra parte, el documento plantea sugerencias y recomendaciones con relación a acciones concretas vinculadas a los recursos naturales: agua (calidad y cantidad) a través de la gestión integrada de cuencas; recursos marino costeros, por la importancia que tienen estos ecosistemas en cuanto a biodiversidad y calidad del agua; ciudades sustentables, a través de la aplicación de políticas de planificación urbana sostenibles para asegurar ciudades resilientes con base en un correcto ordenamiento territorial.

Esperamos que estos insumos constituyan un aporte para el Gobierno Nacional y que puedan complementar el Documento País; asimismo esperamos que posterior a la Conferencia de Río + 20 podamos continuar trabajando y aportando, en un esfuerzo conjunto entre Sociedad Civil y Estado, al cumplimiento de los acuerdos que se adopten en Río, y a avanzar la agenda para transitar hacia el nuevo paradigma de desarrollo que todos deseamos.

Nota elaborada por: Ma. Eugenia Hidalgo, Coordinadora de Comunicaciones CEDA.

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